Se transformó en una práctica cuyo éxito permite avanzar en el desarrollo de la investigación y consolidar los resultados.
Las posibilidades de obtener recursos públicos adicionales mediante modalidades diversas de evaluación y de participar en los mecanismos de escrutinio, diagnóstico, acreditación y egreso envolvieron a las universidades en desafíos nuevos fundamentados en la planeación estratégica.
En su trabajo Los Desafíos de la Institución Universitaria Frente a las Políticas Estatales de Evaluación, el doctor Óscar Comas Rodríguez, profesor-investigador del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Cuajimalpa, analiza la situación en ese ámbito en las dos últimas décadas.
La evaluación orientó las formas de organización universitaria, iniciando con la gestión, los grupos y los actores académicos como parte de una comunidad que debía ejercer con grados diversos de compromiso. De manera ineludible se transformó en una práctica cuyo éxito permite avanzar en el desarrollo de la investigación y consolidar los resultados.
El doctor en Educación destaca la necesidad de innovar y de formular alternativas de vinculación a las propuestas por el gobierno, en virtud de que la tendencia a la aplicación de evaluaciones para conocer, tanto la dinámica de los procesos educativos como los logros académicos exige construir futuros universitarios que atiendan con oportunidad esos procesos y observen de manera comprometida los cambios políticos, sociales y tecnológicos en las prioridades institucionales.
El proceso de evaluación en México inició en el periodo 1982-1988, cuando el país vivía un deterioro económico marcado por devaluaciones y caída de los salarios –en particular de los académicos– mientras se registraba una demanda creciente de la educación. A la falta de recursos se sumaba la carencia de oportunidades de desarrollo y superación entre los profesores.
Las políticas que promovieron la evaluación de las funciones sustantivas surgieron con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado para reconocer –previa valoración y dictamen de sus pares– a los investigadores con trabajo de excelencia, y para brindarles apoyo económico.
El también secretario de la Unidad Cuajimalpa afirma que el SNI es el antecedente inmediato de una política nacional de apoyo y reconocimiento al trabajo académico.
En 1990, como parte de una estrategia oficial de modernización de la educación superior, fue creada una serie de programas para estimular la permanencia, la dedicación y la calidad del personal docente. En 1992 se puso en marcha un sistema para la evaluación académica.
A esas acciones se agregaron otros procesos: reconocimiento y grado de desarrollo de los cuerpos académicos; proyectos de las dependencias de educación superior; valoración de planes de gestión de la institución; programa integral de fortalecimiento institucional; evaluación diagnóstica de los programas educativos a cargo de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior; acreditación de los programas educativos por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, y tabuladores de cada institución universitaria.
El docente urge a revisar las acciones y las estrategias gubernamentales que involucran a las instituciones de educación superior, así como a abrir foros para replantear esas medidas a partir de prioridades regionales y locales establecidas desde la estructura institucional hasta la organización de los procesos.
Fuente: UAM
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